MADRID // “Se contabilizan las urgencias atendidas en función de que su destino sea o no un ingreso hospitalario. El objetivo que se persigue es premiar a aquellos que adecuen el número de ingresos que se producen desde urgencias”.

Este es uno de los puntos que utiliza Ribera Salud, el grupo pionero en la gestión privada de hospitales públicos para calcular los incentivos a su personal médico. Un dinero que, según denuncian desde la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) está “deteriorando la calidad asistencial, dinamitando la relación entre médico y paciente e incrementando los riesgos jurídicos para los profesionales”.

Incentivo salarial por reducir las hospitalizaciones en centros privatizados