De: Asociación Madrileña de Enfermería AME

A: Defensora del pueblo, Sra. Dª Soledad Becerril Bustamante

Somos una Asociación de Enfermería que se ha creado recientemente dado el conflicto sanitario que se ha producido últimamente en la Comunidad de Madrid, tras la publicación de Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid para el año 2013.

Esta asociación surge tanto para defender al colectivo enfermero, como para la defensa de una sanidad pública de calidad y universal, y nos dirigimos a usted porque se están vulnerando los derechos
fundamentales de los ciudadanos madrileños y españoles, así como los derechos de muchos trabajadores.

El personal de enfermería como profesión cualificada y regulada, sabemos que el aumento del nivel de salud de la población, la prevención en todos los niveles de atención sanitaria, la detección precoz de enfermedades y la educación sanitaria impartida en todos los niveles de atención socio-sanitaria, es la mejor forma de ahorrar, además de suponer una disminución de los incidentes relacionado con la seguridad de los pacientes y en definitiva de la población. Este nivel de salud de la población alcanzado durante los últimos años, como consecuencia de un sistema sanitario eficaz y valorado en todo el mundo como uno de los mejores y más económicos, está siendo amenazado, no sólo por los recortes sanitarios que se están llevando a cabo en nuestro país, sino también por los recortes sociales y económicos que se están cebando con las personas más débiles de la sociedad.

Como profesión que debe defender la salud de todos los ciudadanos, le exponemos que:

El artículo 43 de la constitución española no se está respetando, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en el resto de España. Sabemos que esto es consecuencia del Real Decreto-Ley 16/2012 de ámbito nacional, y creemos que ya se debería haber tomado alguna medida al respecto. Se ha cambiado el derecho a la salud de todo ciudadano empadronado en España, por la condición de asegurado, siendo injusto, insolidario y por tanto, contrario al orden constitucional, máxime cuando la sanidad pública se financia mediante impuestos directos e indirectos pagados por todos los ciudadanos, y no por las cotizaciones a la Seguridad Social.
Centrándonos en la Comunidad de Madrid, la misma Consejería de Sanidad reconoce en su plan de reordenación de RRHH, que de una población residente de 6.387.824 habitantes, sólo 5.328.553 tienen TSI (tarjeta sanitaria individual), de lo que resulta que 1.059.271 ciudadanos no disponen de tarjeta sanitaria y por lo tanto, no tienen derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.
Esta falta de asistencia sanitaria supone un riesgo para la salud pública, puesto que deja fuera del sistema sanitario a personas que pueden estar sufriendo enfermedades infecto-contagiosas y por lo tanto, supone un aumento de su transmisión a la población en general al detectarlas tardíamente.
Se está criminalizando a los enfermos crónicos, recayendo el peso de lo recortes enlas personas más débiles de la sociedad, los pensionistas; personas que deben elegir en muchos casos entre comer o pagar sus medicinas. Sus pensiones han perdido poder adquisitivo respecto al IPC y como consecuencia de la subida de impuestos, el copago de medicinas y su gravamen añadido (IVA), muchos optan por renunciar a tomar su medicación lo que no sólo perjudica su salud, sino que a la larga saldrá más caro al sistema sanitario, por las complicaciones e ingresos hospitalarios que pueden producir. Por suerte, el gobierno de la nación consideró oportuno llevar al tribunal constitucional la tasa del euro por receta que se implantó en la Comunidad de Madrid el 1 de Enero de 2013 y se ha suspendido de momento, si bien no será devuelto el importe a las personas que ya pagaron esta tasa en la Comunidad de Madrid, si al final se resuelve su inconstitucionalidad.

Por consiguiente:

Esta criminalización de los enfermos va en contra de la voluntad constitucional del orden económico y social justo que debe garantizar la constitución.

Sabemos que la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), ha hecho llegar a la oficina del defensor del pueblo, un informe sobre la inconstitucionalidad de la concesión de los servicios sanitarios de hospitales y centros de salud por la Comunidad de Madrid, informe con el que estamos de acuerdo y que se ha podido llevar a cabo gracias a la colaboración económica de personal sanitario, no sanitario y usuarios que defienden una sanidad pública de calidad y universal.

Usted, como defensora del pueblo, se ha pronunciado no viendo indicios de inconstitucionalidad.

Es por ello por lo que pasamos a exponerle nuestro punto de vista, como profesionales de enfermería:

1. El plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid incluye, además de la tasa del euro por receta ya mencionada, la concesión a empresas privadas para su gestión de 6 hospitales públicos y 27 centros de salud. Esta concesión es inconstitucional porque entrega directamente, a una empresa privada, la gestión de la salud de los ciudadanos de una determinada zona. Hecho que contradice el modelo de Area Unica sanitaria de la CAM, puesto que no se reconoce la igualdad de trato a los pacientes en toda la Comunidad de Madrid.

2. Si una empresa privada y con ánimo de lucro, gestiona la salud de todos los usuarios de una zona y su derivación para recibir tratamientos de alta complejidad supone pagar dinero a la red pública para recibir el tratamiento más indicado. La lógica empresarial lucrativa intentará por todos los medios atender al ciudadano con sus medios disponibles, ya que cualquier tratamiento dado fuera de dicha empresa deberá abonarlos, primando así los criterios económicos sobre los clínicos que resulten mas beneficiosos para la empresa.

3. Creemos que una empresa privada, cuyos ingresos ya están prefijados por una cápita, siempre intentará realizar el menor número de pruebas diagnósticas posibles, o pruebas menos caras, aunque la indicación sea otra. Evidentemente el paciente no sabrá nunca si está recibiendo el tratamiento adecuado para su patología, o sencillamente está recibiendo el más barato, puesto que la calidad percibida por parte del paciente no se verá afectada. Sin embargo, los habitantes de la zona gestionada privativamente sufrirán un agravio comparativo respecto a los habitantes que pertenezcan a un hospital o centro de salud de gestión pública.

4. En la Comunidad de Madrid se está produciendo ya un deterioro de la calidad asistencial por los recortes sanitarios en el sistema público de salud:

-Desaparición de guardias presenciales de determinados especialistas médicos en hospitales, ya algunos especialistas comparten guardias en diferentes hospitales, por reducción de camas en hospitales públicos.

– Día a día, vemos como se cierran camas en los distintos centros públicos como consecuencia de la alta derivación de intervenciones quirúrgicas a centros concertados, mientras se infrautilizan los recursos públicos en momentos en los que se deberían aprovechar al máximo, si lo que se pretende es que los recursos económicos sean más eficaces y productivos.

-Cierre de centros como pueden ser el Instituto cardiológico y Centros de especialidades que permitían a los especialistas estar más cerca de los ciudadanos.

-Por la disminución de personal de enfermería al no cubrir Incapacidades Temporales o Bajas por maternidad, hasta el punto, que algunas supervisoras deben atender pacientes cuando no hay enfermeras suficientes, por disminución de efectivos en todas las categorías, por contratos al 50%.

-Coacciones y presiones a pacientes para que se realicen las pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas en clínicas privadas, a través de un Call-Center (a cargo de una empresa privada) en decremento y desacreditación de la Sanidad Publica. Este Call-Center, como todas las empresas que van a optar a la gestión privada de la sanidad PÚBLICA, son empresas opacas, con diferentes intereses económicos en múltiples negocios distintos al sanitario y que puede que sean legales, pero comprenderá usted que ni como profesionales sanitarios, ni como usuarios, queramos confiar en ellas nuestra salud y la de los ciudadanos. Por supuesto, esto no significa que estemos en contra de las empresas privadas que se dedican a la sanidad, sino que estamos en contra de que éstas empresas tengan asegurados sus ingresos a cargo del erario público, independientemente de la asistencia que den, y/o que sea desde la propia Consejería de Sanidad madrileña donde se prime que los recursos económicos se destinen antes a empresas privadas en detrimento de los recursos destinados a centros públicos.

5. Según se publica en la página web de la oficina del defensor del pueblo, esta institución dice que le faltan elementos básicos para valorar el nuevo modelo por desconocer el desarrollo del proceso de contratación y las normas de control que establecerá la Comunidad de Madrid en los 6 hospitales y centros de salud que quiere privatizar la consejería madrileña. No nos extraña, a nosotros también nos falta esa información, junto con las cuentas que demuestran el supuesto ahorro de tal privatización, las medidas de control que se han instaurado en los hospitales de gestión privada en su totalidad, y de la parte no sanitaria privatizada en los hospitales de gestión mixta, así como el escaso control que se tiene del Call-Center por parte de la consejería, como de la facturación intercentros. Comprenderá que ante esa falta de control y de argumentos económicos, no queremos poner en riesgo la salud de los ciudadanos, ya que no todo es reversible cuando se habla de la salud y de calidad de vida.

6. La oficina del defensor del pueblo “considera necesario garantizar que el gasto por enfermo resulte equivalente tanto en la función asistencial realizada por el Servicio Madrileño de Salud como en la realizada por las entidades privadas”. Entonces, ¿donde estaría el ahorro del cambio de modelo? ¿Exclusivamente quizás en los sueldos de los trabajadores en beneficio de una empresa privada? ¿y para eso es necesario el cambio de modelo?, ¿para que los únicos beneficiados sean unos empresarios a riesgo de la calidad asistencial?

7. El derecho a la libre elección por parte de los usuarios ya se está vulnerando cuando desde el Call-Center son presionados para que elijan realizarse pruebas en clínicas privadas o mintiendo sobre la lista de espera que hay en los centros de gestión pública; listas de espera oficiales que tampoco son transparentes, ya que cuando un paciente se niega a operarse en una clínica privada, desaparece de la lista de espera “oficial”, lo que maquilla las listas de espera quirúrgicas de cara a la galería, pero no de forma real para el ciudadano, que es el que está pendiente de operarse, y al que se le está coaccionando en momentos en los que está especialmente sensible y vulnerable.

8. Respecto al personal que trabaja en el SERMAS, creemos que están siendo vulnerados sus derechos como trabajadores ya que hay muchos profesionales eventuales, que llevan encadenando contratos durante muchos años, hablamos de 6 y hasta 10 años de contratos continuados, lo que hace que no tengan una estabilidad en el empleo y están ocupando una plaza estructural, mientras se les está haciendo contratos en base a: “Realización de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria” para “Mantenimiento de actividad asistencial”. Estos contratos en principio comenzaron siendo de 6 meses y dada la improvisación con la que funciona la Consejería de Sanidad madrileña en la actualidad, ahora se hacen contratos de 3 meses, lo que conlleva aún mayor inestabilidad; esto no sólo ocurre en el caso de nuestro colectivo enfermero, sino en otras categorías, como auxiliares de enfermería, celadores, facultativos, técnicos de Rayos X, técnicos de laboratorio, peluqueros, cocineras, etc.

9. Las bajas por enfermedad del personal de las Instituciones Publicas no se están cubriendo hasta los 21 días y parece que ahora no las van a cubrir hasta los 30 días, lo que supone una desprogramación constante de las planificaciones del personal que debe cubrir a la persona que está de baja, falta de descanso para el personal y si no es asi, se reduce la presencia física en los servicios, lo que por supuesto supone una sobrecarga de trabajo para el personal y por lo tanto, una disminución en la calidad de la asistencia.

10. A los funcionarios de carrera y personal de cupo y zona del SERMAS, se les está coaccionando para que pasen a ser estatutarios, de tal forma que se les amenaza con que si no quieren pasar voluntariamente, se les adjudicará labores meramente administrativas, que probablemente no tengan nada que ver con su categoría profesional, lo que entendemos que es una forma de mobbing laboral.

11. En el Hospital Puerta de Hierro, donde recientemente se ha privatizado el personal no sanitario, se han amortizado las plazas que el sistema público tenía ocupadas tanto por personal fijo, como por eventual interino o temporal; cuántos puestos de trabajo serán recuperados es algo que desconocemos, Poner en su conocimiento que a algunos eventuales ni siquiera les comunicaron el cese de contrato. ¿Qué menos para un personal que va a ser despedido, que le sea comunicado, y no que se encuentren con que no les dejan entrar cuando van a trabajar, no le parece?. Teniendo en cuenta que en muchas ocasiones los eventuales temporales, esos que llevan tantos años encadenando contratos, han estado trabajando sin contrato por retraso en la firma de éstos, sabiendo que iban a ser renovados y que a la consejería de sanidad, se le “olvida” comunicar a sus trabajadores que prescinde de sus servicios.

En definitiva, si ese es el control que tiene la Consejería de Sanidad sobre sus contratos, comprenderá que no nos fiemos del control que puede llevar a cabo sobre una empresa externa sobre la calidad asistencial que proporciona.

Después de esta exposición sobre lo que está ocurriendo en el SERMAS y nuestra preocupación por la calidad de la asistencia que se da a la población como profesionales que estamos día a día en contacto con los pacientes y conocedores de sus problemas tanto de salud, como sociales y económicos, le rogamos, que reflexione nuevamente sobre los ataques a la constitución que se están llevando a cabo en la Comunidad de Madrid y en el conjunto del Estado, agradeciéndole por adelantado su atención

Att ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ENFERMERÍA INDEPENDIENTE, AME

Fdo: Comisión Gestora.